Lula y los medios

Lula se propone transformar el mapa de medios de Brasil, en el que resulta casi impopsible identificar a los grupos concesionarios. Otro paralelismo con la Argentina.

Como sucede en el resto de la región, el gobierno se enfrenta con los grupos concentrados.

La prensa brasileña debería asumir categóricamente que tiene un candidato y que tiene un partido, lo que no se puede aceptar es que intenten vender la idea de neutralidad. Sería más simple, más fácil.” “La verdad es que nosotros tenemos 9 o 10 familias que dominan la comunicación en este país. Y la mayoría de esos grupos profesan prejuicio, hasta odio”, hacia el gobierno. Las frases no son Lula for import, las pronunció el presidente del Brasil una semana atrás y, por supuesto, no fueron recogidas por los medios de nuestro país. Sin embargo, las reacciones de la derecha brasileña ante el debate propuesto por Lula para sancionar un nuevo régimen de medios espejan lo sucedido en Argentina y otros países de Sudamérica con una literalidad extraordinaria: se habla de “mordaza”, se recita el decálogo de la libertad de expresión corporativa, el “querer maniatar a los medios independientes y nacionalizar las comunicaciones”.

Lo que pasa en Brasil, y erizó la campaña electoral, sucede también en Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, ocurrió en Perú. Con un rasgo común llamativo que subraya Celso Schroder, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc): “En América latina se comienza a intentar modificar los sistemas nacionales de comunicación, creados en su mayoría en períodos autoritarios, de dictaduras; en los que los medios, de una manera general, contribuyeron bien con su silencio, o con complicidad”.

De las “9 o 10 familias” mencionadas por Lula, la más poderosa y emblemática es la de Roberto Marihno, es decir el Grupo Globo. Tal como sucedió con el nacimiento del imperio Clarín en nuestra dictadura, la Globo (el remoto punto de arranque es el diario O Globo fundado en 1925) comenzó a pisar fuerte cuando los militares brasileños, un año después del golpe de Estado, en 1965, iniciaron un proceso de concesiones de canales televisivos. Dos años después, la Globo firmaba una alianza con el grupo norteamericano Time Life y para 1969 nacía el primer telediario –el Jornal Nacional– extendido a casi todo el inmenso territorio brasileño. Enriquecida y afirmada desde entonces, en la actualidad la Rede Globo es una corporación que articula 122 emisoras entre propias y afiliadas, llega al 99,5% de la población, es el mayor grupo de comunicación de Sudamérica y el cuarto canal de televisión abierta del mundo. El grupo es también el mayor productor de contenidos del país. El diario O Globo sigue existiendo y está entre los más vendidos. Y pertenece también a Globo la revista Época, la más reciente de las revistas semanales de información. Salió a la calle en mayo de 1998 y se estima que tiene una tirada de 900 mil ejemplares, más 800 mil suscriptores.

Favores recibidos.

Si en Argentina se dice que el Grupo Clarín contribuye a la elección de presidentes, en Brasil se hace una afirmación similar y aún más verosímil con el caso del Grupo Globo, siempre cercano al poder o, más fielmente, hacedor de poder. Sucedió con José Sarney (quien vetó una reforma de la estructura de la propiedad mediática), con la construcción presidencial de Fernando Collor de Mello“la mayor obra política del Grupo Marinho”, según definición de los analistas brasileños) y sucedió también a partir de 1994 con Fernando Henrique Cardoso.
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A propósito de la opacidad y los rasgos feudales del sistema mediático concentrado del Brasil, la investigadora Verbena Córdula Almedail cita un estudio aparecido en Comunicaçao & Política“de las 1.848 estaciones retransmisoras de televisión autorizadas durante el primer mandato de Fernando Enrique Cardoso, 261 fueron entregadas a empresas o entidades controladas por políticos profesionales, beneficiando directamente a 19 diputados federales, 11 diputados estatales, 6 senadores, 2 gobernadores, 7 alcaldes, 3 ex gobernadores, 9 ex diputados federales, 8 ex alcaldes y 22 otros políticos sin mandatos”. Otro estudio realizado en 2001 por el PT mostró que “de las 3.315 concesiones de radio y TV hechas por el gobierno de Brasil, 37,5% pertenecen a políticos (diputados, gobernadores, alcaldes) afiliados al Partido Frente Liberal (PFL), 17,5% pertenecen a políticos vinculados al Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) y 12,5% al Partido Progresista Brasileiro (PPB)”. Los políticos del PT no recibieron ninguna concesión.
(“Coronelismo eletrônico: o governo de Fernando Henrique Cardoso e o novo capítulo de uma velha história”) que revelaba que

Lo que ahora se propuso transformar Lula tiene que ver con ese mapa en el que resulta casi imposible identificar a los grupos concesionarios. También aquí aparecen paralelismos con la realidad argentina. Si la ley original de radiodifusión de la dictadura argentina intentaba establecer límites a la concentración (destrozados por el menemismo), lo mismo, al menos en los papeles, hacía la legislación brasileña de los ’60. Papeles que en la realidad no son respetados aunque una norma de 1967 estableció que la misma persona física no puede detentar la participación en más de diez emisoras de TV y radio en todo el país, o cinco para el caso de la VHF. Los límites fueron ampliamente vulnerados por las célebres “familias” de la comunicación concentrada del Brasil: la Marinho, la Sirotsky (RBS), la Saad (Bandeirantes), la Daos (TV Amazonas), la Jereissati (TV Verdes Mares), la Zahrn, la Câmara (TV Anhangüera) o la Abarbanel o Grupo Silvio Santos, que sólo a través del Sistema Brasileño de Televisión (SBT) tiene unas cien emisoras, además de intereses comerciales en el sector inmobiliario, financiero, de seguros, turismo y loterías.

A la ofensiva.

En mayo de 2009, el Tribunal Supremo Federal abolió la ley del ’67 que, como la argentina de 1978, legalizaba la censura y todo tipo de control estatal. El vacío legal derivado de esa decisión permitió a Lula pasar a la ofensiva. Antes, durante su primer mandato, sus pasos habían sido vacilantes o fueron torpedeados por los grupos concentrados. No pudo llevar adelante un consejo de ética informativa, ni tranquilizar a los lobbies cuando en 2007 designó como ministro de Comunicaciones a Hélio Costa, periodista ligado al Grupo Globo. Pero sí impulsó un sistema público, la Empresa Brasil de Comunicaciones, que este año tendrá un presupuesto de 250 millones de dólares.

En agosto pasado Lula inauguró el primer canal sindical de Brasil, que emitirá por aire y por cable. Una de las respuestas en piloto automático del establishment nació de un encuentro organizado por la Asociación Nacional de Periódicos liderada por el Grupo Globo y en el que participó el candidato opositor, José Serra. El alerta fue de manual: los custodios de la libre expresión pertenecen al sector privado, del Estado sólo puede esperarse agitación y propaganda. También Fernando Henrique Cardoso habló de “tendencias autoritarias” que “ganan fuerza en Sudamérica”. Por si faltaban paralelismos con lo que sucede en Argentina, en las últimas semanas de la campaña, cuando el sistema mediático brasileño saturó con denuncias falsas o forzadas a la candidata oficialista, no faltaron actos de las centrales sindicales en las que se denunció una “conspiración de los medios golpistas”.

Junto a Correa y el pueblo ecuatoriano

Un brote anómico de la policía ecuatoriana ha hecho trastabillar al “gobierno de la Revolución Ciudadana” de Rafael Correa. Lo que ha constituido desde el principio un golpe de Estado, en tanto arrebató de las manos del mandatario el monopolio de la fuerza legítima, fue una acción que parece inspirada en dosis parejas de oportunismo y de conspiración.

Quienes la decidieron saben que el presidente Correa ha optado desde siempre por una estrategia de poder que consiste en la renovación permanente de la legitimidad de su gobierno y que desdeña la cristalización del poder en partidos o instituciones. Como una bicicleta que sólo mantiene su equilibrio si sostiene cierta velocidad, se trata de un poder al que una embestida lateral puede hacer rodar por tierra, a condición de que su velocidad sea baja. Algunas indicaciones de pérdida de velocidad habían provenido de la ruptura del movimiento Pachakutik (brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaie) con Correa, de las protestas recientes de algunos sindicatos y –sobre todo– de la ruptura del bloque parlamentario de la oficialista Alianza País (Patria Altiva I Soberana) en la Asamblea Nacional, a la hora de considerar el veto del Ejecutivo a la Ley de Servicio Público.

Estos hechos actuaron como señal para una fuerza golpista que estaba agazapada y que esperaba la ocasión de comprobar si el de Correa era un gobierno tan débil como los de Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad o Lucio Gutiérrez, protagonistas de esa endémica inestabilidad ecuatoriana a la que Correa le puso fin. Puesto a prueba, ha demostrado disponer de unas reservas de energía ciudadana de las que carecieron sus predecesores, con su legitimidad carcomida por dosis variables de locura, corrupción y neoliberalismo.

La intentona se resiste a ser leída en clave de los viejos golpes del tiempo de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Es por eso que la hiperactividad diplomática de la Unasur y sus miembros y los reflejos ágiles de la OEA pueden ayudar a ponerle fin rápidamente. Es por eso que la reacción de los EE.UU. es claramente condenatoria y que hasta el pinochetismo chileno la rechaza. No se trata de una repetición de Honduras, en tanto no se puede trazar una correspondencia inmediata de los golpistas con una clase social.

En la medida en que termine de fracasar un golpe cuya acción no parece alcanzar a expandirse territorialmente, tal vez Correa decida avanzar en la propuesta que ya había hecho días atrás: ejecutar la “muerte cruzada” de Asamblea Nacional y presidencia que prevé la Constitución, para renovar otra vez su legitimidad en las urnas y recuperar velocidad de marcha. Sin ella, la Revolución Ciudadana puede ser vulnerable al ataque de la reacción.

Más periodistas cómplices de la dictadura

El demócrata Juan Carlos Aguinaga está dispuesto a todo en pos de defender su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. Ayer lo demostró durante una entrevista radial en la que terminó arremetiendo contra Arturo Guardiola, director periodístico del diario Los Andes, con quien compartió espacio en el Partido Demócrata durante varias décadas.
Convencido de que el centenario matutino está en "una campaña (en contra de su gestión) que es puramente periodística, que carece de todo basamento jurídico y que no tiene contenido", Aguinaga enfatizó que el director de ese medio "es un correligionario mío que participó en el Proceso". Y de inmediato insistió en marcar las diferencias entre ambos: "Yo no participé en el proceso y él sí".
Diferenciándose de Guardiola por las funciones asumidas durante la última dictadura, Aguinaga marcó la cancha de los demócratas procesistas y de los que no lo fueron con una crudeza inusitada. Aunque las actuales autoridades del partido, con el diputado nacional Omar De Marchi en la presidencia, hicieron un mea culpa público por aquella participación, no se había registrado una acusación directa entre dirigentes explicitada públicamente.
Guardiola fue subsecretario de Cultura y Educación en la primera mitad del gobierno de Bonifacio Cejuela, desde enero de 1982. Aunque no quiso meterse en la polémica avivada por Aguinaga, ese ex mandatario de facto confirmó a Diario UNO que Guardiola ocupó ese cargo durante su gestión. De Marchi tampoco quiso meterse en la polémica pero rescató "la honorabilidad de Guardiola".
El director de Los Andes evitó referirse al tema. Una secretaria del matutino dijo a Diario UNO que ni Guardiola ni el medio iban a opinar sobre los dichos de Aguinaga.
Guardiola desembarcó en la subsecretaría de la mano del entonces influyente dirigente Amadeo Frúgoli. Luego, Frúgoli retiró a su gente del gobierno a raíz de una pelea por cargos. Entre los que se fueron estaban Guardiola y Alberto Aguinaga, el hermano de Juan Carlos, quien era ministro de Gobierno.
El ministro de Seguridad reavivó el debate ayer en una entrevista que le realizó Andrés Gabrielli en el programa Primeras Voces de radio Nihuil. "Ayer estuvimos dos horas y media hablando con los periodistas sobre el tema de la seguridad y hay un matutino que no ha publicado ni una línea sobre el tema", se quejó el ministro. "Evidentemente estamos frente a una campaña que es puramente periodística, que carece de todo basamento jurídico y que no tiene contenido, ésta es la verdad".
Gabrielli le advirtió que es "un matutino que está dirigido por un correligionario suyo, un demócrata". Y Aguinaga retrucó que "está dirigido por un correligionario mío que participó en el Proceso". Pero el periodista agregó: "Dicen que entre bueyes no hay cornadas". Aguinaga respondió tajante: "Está bien, pero yo no participé en el Proceso y el sí".

Terminar con la trampa constitucional

Está bien, es cierto que a esta altura pretender algún atisbo de seriedad a la hora de informar a la sociedad por parte de corporaciones, con intereses empresarios y políticos diversificados, vendría a ser algo así como una utopía. Esta vez las corporaciones mediáticas -que son la cara visible de muchas otras corporaciones- reaccionaron en conjunto contra el proyecto del Diputado Héctor Recalde (célebre por haber filmado con una cámara oculta y denunciado en la justicia a las empresas que lo quisieron sobornar con u$20,000,000) sobre la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias.

Las cámaras que representan a las empresas más poderosas del país emitieron un comunicado (firmado por UIA, ADEBA, la bolsa y la Sociedad Rural entre otros) que trascendió a través de citas en los diversos medios en el cual plantean que el proyecto "avanza hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad" y algún disparatado firmante de ese comunicado hasta llegó a comparar a nuestro querido y capitalista país con la hermana república de Cuba.

Basta con hacer una búsqueda en el Google con un fragmento del comunicado para ver de qué lado se puso la prensa corporativa en este tema (y por supuesto, Clarín a la cabeza en esto de tomar partido por los poderosos de siempre).

Lo interesante del caso, del proyecto comunista que intenta llevar adelante el Gobierno, es que está basado en algo que está claramente expresado en nuestra Constitución Nacional pero que, para la "burguesía nacional" que supimos conseguir, atentaría contra el derecho de propiedad establecido en esa misma constitución. Veamos:

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Claro, hasta ahora esta parte del artículo 14 bis era letra muerta ya que las leyes que "asegurarán al trabajador" la "participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración con la dirección" nunca fueron promulgadas. Pero el hecho de que no hayan sido promulgadas no obedece a que dicho artículo entre en contradicción con el derecho de propiedad -¿cuál sería la contradicción o "choque"?- sino a las presiones del poder para que quede sólo en una bonita declamación vacía de contenido de manera tal de no tener que repartir una parte de sus utilidades con los trabajadores que las generan con su fuerza de trabajo