Más periodistas cómplices de la dictadura

El demócrata Juan Carlos Aguinaga está dispuesto a todo en pos de defender su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. Ayer lo demostró durante una entrevista radial en la que terminó arremetiendo contra Arturo Guardiola, director periodístico del diario Los Andes, con quien compartió espacio en el Partido Demócrata durante varias décadas.
Convencido de que el centenario matutino está en "una campaña (en contra de su gestión) que es puramente periodística, que carece de todo basamento jurídico y que no tiene contenido", Aguinaga enfatizó que el director de ese medio "es un correligionario mío que participó en el Proceso". Y de inmediato insistió en marcar las diferencias entre ambos: "Yo no participé en el proceso y él sí".
Diferenciándose de Guardiola por las funciones asumidas durante la última dictadura, Aguinaga marcó la cancha de los demócratas procesistas y de los que no lo fueron con una crudeza inusitada. Aunque las actuales autoridades del partido, con el diputado nacional Omar De Marchi en la presidencia, hicieron un mea culpa público por aquella participación, no se había registrado una acusación directa entre dirigentes explicitada públicamente.
Guardiola fue subsecretario de Cultura y Educación en la primera mitad del gobierno de Bonifacio Cejuela, desde enero de 1982. Aunque no quiso meterse en la polémica avivada por Aguinaga, ese ex mandatario de facto confirmó a Diario UNO que Guardiola ocupó ese cargo durante su gestión. De Marchi tampoco quiso meterse en la polémica pero rescató "la honorabilidad de Guardiola".
El director de Los Andes evitó referirse al tema. Una secretaria del matutino dijo a Diario UNO que ni Guardiola ni el medio iban a opinar sobre los dichos de Aguinaga.
Guardiola desembarcó en la subsecretaría de la mano del entonces influyente dirigente Amadeo Frúgoli. Luego, Frúgoli retiró a su gente del gobierno a raíz de una pelea por cargos. Entre los que se fueron estaban Guardiola y Alberto Aguinaga, el hermano de Juan Carlos, quien era ministro de Gobierno.
El ministro de Seguridad reavivó el debate ayer en una entrevista que le realizó Andrés Gabrielli en el programa Primeras Voces de radio Nihuil. "Ayer estuvimos dos horas y media hablando con los periodistas sobre el tema de la seguridad y hay un matutino que no ha publicado ni una línea sobre el tema", se quejó el ministro. "Evidentemente estamos frente a una campaña que es puramente periodística, que carece de todo basamento jurídico y que no tiene contenido, ésta es la verdad".
Gabrielli le advirtió que es "un matutino que está dirigido por un correligionario suyo, un demócrata". Y Aguinaga retrucó que "está dirigido por un correligionario mío que participó en el Proceso". Pero el periodista agregó: "Dicen que entre bueyes no hay cornadas". Aguinaga respondió tajante: "Está bien, pero yo no participé en el Proceso y el sí".

Terminar con la trampa constitucional

Está bien, es cierto que a esta altura pretender algún atisbo de seriedad a la hora de informar a la sociedad por parte de corporaciones, con intereses empresarios y políticos diversificados, vendría a ser algo así como una utopía. Esta vez las corporaciones mediáticas -que son la cara visible de muchas otras corporaciones- reaccionaron en conjunto contra el proyecto del Diputado Héctor Recalde (célebre por haber filmado con una cámara oculta y denunciado en la justicia a las empresas que lo quisieron sobornar con u$20,000,000) sobre la participación de los trabajadores en las ganancias empresarias.

Las cámaras que representan a las empresas más poderosas del país emitieron un comunicado (firmado por UIA, ADEBA, la bolsa y la Sociedad Rural entre otros) que trascendió a través de citas en los diversos medios en el cual plantean que el proyecto "avanza hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad" y algún disparatado firmante de ese comunicado hasta llegó a comparar a nuestro querido y capitalista país con la hermana república de Cuba.

Basta con hacer una búsqueda en el Google con un fragmento del comunicado para ver de qué lado se puso la prensa corporativa en este tema (y por supuesto, Clarín a la cabeza en esto de tomar partido por los poderosos de siempre).

Lo interesante del caso, del proyecto comunista que intenta llevar adelante el Gobierno, es que está basado en algo que está claramente expresado en nuestra Constitución Nacional pero que, para la "burguesía nacional" que supimos conseguir, atentaría contra el derecho de propiedad establecido en esa misma constitución. Veamos:

Art. 14 bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.

Claro, hasta ahora esta parte del artículo 14 bis era letra muerta ya que las leyes que "asegurarán al trabajador" la "participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración con la dirección" nunca fueron promulgadas. Pero el hecho de que no hayan sido promulgadas no obedece a que dicho artículo entre en contradicción con el derecho de propiedad -¿cuál sería la contradicción o "choque"?- sino a las presiones del poder para que quede sólo en una bonita declamación vacía de contenido de manera tal de no tener que repartir una parte de sus utilidades con los trabajadores que las generan con su fuerza de trabajo